Actualmente en Chile no hay un registro oficial, ni un cruce de datos que permita siquiera tener cifras estimadas de crímenes y casos de violencia en contra de personas disidentes sexuales y de géneros. En ese escenario son las organizaciones quienes se han centrado en contarlos, visibilizarlos y exigir justicia para que no queden impunes, por un lado, y para que no se repitan, por otro.
Pese a estos esfuerzos, en lo que va del 2022 los crímenes y casos de violencia han remecido a las comunidades y al país entero, contribuyendo a la sensación de que se ha producido un importante incremento. El pasado 3 de agosto, el asesinato de Ignacia Palma, mujer trans de 26 años, puso en evidencia -una vez más- la necesidad urgente de continuar con el activismo en los territorios y sobre todo de generar cambios estructurales que pongan fin a este tipo de violencia.
La alerta de las comunidades se da en un contexto marcado por el proceso constituyente. El plebiscito del próximo 4 de septiembre, donde se juegan las opciones de aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución, ha implicado procesos de discusión política sin precedentes en la democracia postdictatorial.
“Nuestras comunidades necesitan acción directa e inmediata para poder enfrentar estos brotes de violencia que van de la mano del avance de los fundamentalismos, de la ultraderecha conservadora, que ha animado al resurgimiento de grupos neonazis, que establecen diferencias arbitrarias sobre cuáles son «los cuerpos útiles», cuál es el tipo de familia que se debe priorizar, y todo por sobre nuestras libertades, derechos sexuales y reproductivos y nuestra dignidad», explica Nicole Rojas, coordinadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.
Por su parte, la Colectiva y Red de Apoyo Disidencias Sexuales y Corporales Provincia de Petorca “De Mar a Cordillera”, DSYC Petorca, afirman: «Si se aprueba la nueva Constitución, sería un hito histórico para nuestras realidades disidentes, porque es el primer documento que nos visibiliza cómo garantes de derechos, lo que sentaría las bases para que el desarrollo de nuestras vidas sea desde lugares más amorosos al de la carencia, precarización y violencia que forman parte de nuestras realidades en el presente más en zonas de sacrificio».
En la misma línea, hay tres aspectos que resultan centrales en lo que respecta a las disidencias sexuales y de géneros y la nueva Constitución: participación, reconocimiento y la posibilidad de transformaciones reales.
Democracias amplias, participativas y de todxs
El proceso constituyente se ha erigido como un espacio de participación donde, por primera vez, las comunidades se han hecho parte de manera directa, amplia y desde los territorios, en la discusión de normas con alcance político y estructural, más allá de las demandas específicas de las comunidades.
Atendiendo a esto, las organizaciones están trabajando en campañas de información, foros, conversatorios y difusión por redes sociales relevando los derechos de la comunidad, la educación, la salud integral, la infancia y los derechos ambientales, entre otros. También se han enfocado en informar sobre los aportes de la nueva Constitución y estableciendo planos comparativos con la actual. De ese modo están promoviendo la participación, motivando a la comunidad LGBTIQ+ y a todxs, a que se informen y sean parte activa de este proceso histórico.
«Nosotras empoderamos a las niñeces para que sean ellxs agentes de cambio y quienes se agencien generando nuevos activismos”, señala Rossana Grubsic, directora de Fundación Akáinix.
Con esa visión, Akáinix ha trabajado informando a su comunidad sobre los artículos de la nueva Constitución que tienen que ver con los derechos de lxs niñxs y de las disidencias sexuales, en particular de las niñeces trans. Para esto han desarrollado conversatorios y difundido materiales gráficos e informativos. Su apuesta tiene que ver con informar a lxs propios niñes y adolescentes, para que sean ellxs quiénes puedan abrir discusiones sobre derechos humanos con sus familias, en sus escuelas y barrios.
En los próximas semanas llevarán este activismo hacia más localidades del territorio, como Puerto Natales y la isla de Tierra del Fuego, Porvenir. «Necesitamos más derechos para las niñeces porque si no el trabajo y la vida se nos hace súper cuesta arriba. Además nos interesa especialmente que les niñes sean y se sientan parte de este proceso histórico que atraviesa su país», agrega Rossana.
Reconocimiento y el derecho a ser quien cada unx es
Otro aspecto central, es que la propuesta de nueva Constitución les entrega reconocimiento, puesto que por primera vez aparecen nombradas de manera explícita. «Esta nueva Constitución escrita de manera paritaria y que nosotras promovemos, defendemos y difundimos, nos parece fundamental porque incluye artículos para una vida libre de violencia. Es el primer reconocimiento que existe de parte del Estado hacia esta comunidad. Es una deuda histórica con nuestras comunidades», señala Nicole Rojas.
«Hoy día las niñeces trans no tienen reconocimiento y la nueva Constitución es una oportunidad para que lo tengan. La ley de Identidad de Género permite el cambio de nombre y sexo registral desde los 14 años, lo que significa para les niñes atravesar un proceso súper duro a través de un tribunal de familia. Reconocer la identidad de niñeces y juventudes significa reconocerles la posibilidad de «ser», algo que hoy tienen que rasguñar y escarbar para tener. Y donde sólo cuentan con las organizaciones», explica Rossana.
En Chile, niños, niñas y niñes trans no tienen reconocido su derecho fundamental a la identidad, quedando desprotegidos de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño. En la primera Encuesta sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en Adolescencia Trans realizada por Todo Mejora participaron 370 adolescentes trans de entre 13 y 17 años. El 44% expresó no tener con quien hablar sobre su proceso de transición, y 66% señaló que los contenidos de educación sexual vistos en su colegio no tenían nada que ver con sus propias vivencias.
Rango constitucional como garantía de los derechos
Finalmente, la categoría de rango constitucional permitiría que todo el sistema legal y judicial del país tenga que poner en ejecución leyes, normativas y políticas públicas que sean efectivamente realizadas, sostenidas y financiadas.
«Nosotres visualizamos la propuesta de constitución ante nuestra comunidad LGBTIQANB+ a nivel local, provincial y regional, siendo un amparo de derecho humanxs de todes, todas y todxs, existiendo apoyos institucionales para las disidencias y Diversidades rurales desde nuestro derecho a la indentidad, ESI, violencia de género o cómo la democracia paritaria para la representación de nuestras Diversidades mujeres pansexuales, lesbianas, bisexuales, Feministas, trans dentro de la esfera pública y estatal», explican desde DSYC Petorca.
En los últimos años, las organizaciones y activistas han logrado importantes avances en materia legal como la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y la Ley de No Discriminación, que entró en vigencia hace 10 años, tras el crimen de odio que terminó con la vida de Daniel Zamudio. Si bien la ley significó un paso importante en tanto protege los derechos de las personas ante casos de discriminaciones arbitrarias, su énfasis punitivo y no preventivo, no ha significado en la práctica la disminución certera de los casos de violencia particularmente ejercidos en contra de las disidencias sexuales y de géneros.
Desde esta perspectiva, la consagración constitucional del reconocimiento a las disidencias sexuales y de géneros podría implicar un mandato para el efectivo cumplimiento de las leyes y otros procedimientos normativos relevantes para las comunidades, ahora y en el futuro.
