El 25 de noviembre del 2019 salieron a la luz. Se conmemoraba un año más del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y Chile atravesaba el estallido social más grande de su historia reciente. Ahí, en plena Plaza de la Dignidad en Santiago un grupo de personas lideradas por mujeres desplegaron un lienzo que decía: Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio. Ese día, el lienzo hizo más que llamar la atención: era un mensaje que recordaba que por cada mujer asesinada hay una vida entrelazada a muchas vidas, a familias y comunidades enteras.
Ese día se convirtieron en la primera Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio en Chile y en la segunda de Latinoamérica, tras la organización con el mismo nombre de Argentina. Este esfuerzo se sumó al realizado por la Coordinadora 19 de Diciembre, fundada en 2018 con el objetivo de instaurar el 19 de diciembre de cada año como Día contra el Femicidio -logrado en 2020- en memoria de Javiera Neira Oportus, asesinada a los 6 años por su padre biológico en el contexto del femicidio frustrado de su madre en 2005.
Un par de meses antes de ese día en la Plaza de la Dignidad, la Agrupación tuvo su primera reunión incentivadas y apoyadas por la Coordinadora Ni Una Menos y por la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres. “A esa primera reunión nos invitaron las compañeras para reconocernos y acuerparnos. Éramos muy poquitas. Estaba Alda Reyes, madre de Yini Sandoval asesinada junto a sus tres hijos de 2, 5 y 10 años en un incendio en Temuco; Maria Bahamondes, prima hermana de Nicole Saavedra, secuestrada, violada y asesinada en Limache: Carol, hermana de Doris Andaur, que estaban haciendo pasar su femicidio como suicidio en Santiago; y Ana Fuentes, tía de Yetzabet Bustos, asesinada por su conviviente en Renca”, recuerda Julieta Rivera, activista feminista, tía de Paulina Iturriaga asesinada junto a su hijo de 4 años en Maipú, y una de las voceras de la organización.
Poco después, Julieta conoció a Nancy Cortez -madre de Paola Alvarado, asesinada en Curacautín y hecha desaparecer- e hicieron el lienzo que iluminó la Plaza de la Dignidad ese 25 de noviembre y que -hasta hoy- guardan como una reliquia. Como si todavía contuviera el cariño con el que fueron escritas sus letras y porque se volvió un emblema de su lucha por la justicia de sus hijas, hermanas, primas, compañeras. También porque las ha acompañado a recorrer las ciudades y cuando se extiende pareciera que une la geografía en un mismo territorio.
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Activismo, territorio y apoyo mutuo
En los primeros meses de la organización, su objetivo era ser un espacio de encuentro para las familias. Donde pudieran juntarse, reconocerse en las experiencias de las otras, y sostenerse en conjunto. “Ahí nos dimos cuenta que todos esos dolores, esas rabias, esas impotencias, esa falta de justicia y abandono del Estado y de las instituciones eran el denominador común para todas”.
Los casos de Doris Andaur, Ximena Cortés y, particularmente, el de Paola Alvarado fueron claves para el desarrollo de su activismo. “Nancy viajó inmediatamente a buscar a Paola, su hija desaparecida. Nosotras viajamos a acompañarla y participamos por días en las labores de búsqueda. Ahí nos dimos cuenta de que nosotras éramos la Agrupación de Familiares Víctima de Femicidios Chile, es decir, que representábamos a todas las familias del país, no en número sino en la calidad de lucha que estábamos dando (…) Además, nos dimos cuenta de que construir organización era la única forma de no estar solas”, asegura Julieta.
Del mismo modo, la cruzada que estaba sosteniendo Nancy en Curacautín sumó apoyos que atravesaron al territorio y la comunidad. “Nancy se paraba sola frente a la Fiscalía y un dia unas niñas van a buscar a una amiga y le dicen ´mira ahí hay una mamá que está sola, porque no le prestas el parlante y vamos a apoyarla´ y le prestaron el equipo y hasta el dia de hoy la están acompañando. Son chiquillas sin partido político, feministas, niñas que llevan el pañuelito, de colegio, y algunas que entraron a la universidad”, relata.
Con este impulso, la Agrupación ha viajado por norte, centro y sur. Han estado en Temuco y Lautaro, en Vicuña por el caso de Anais Godoy, en Caldera por el femicidio de Gisela Ávila, en Antofagasta y Mejillones para acompañar a Ruth, la mamá de Ximena Cortés, y en Copiapó para acompañar a las familias de Marina Cabrera, Sussy Montalván y Catalina Alvarez.
Todo este recorrido lo han hecho con la solidaridad de compañeras que les abren las puertas de sus casas, que las reciben y acompañan en sus caminos. “Son personas comunes que viven el día a día. Nosotros llegamos a esas casas y nos abren como si nos conocieran de antes sin saber de nosotras. Ahí se va dando, en la sororidad. Ellas y ellos se dan cuenta que existimos estas mujeres, que no somos importantes, no somos las ministras, ni las concejales: somos mujeres comunes y corrientes que perdieron a un familiar y decidieron dar la lucha. No somos heroínas, somos simplemente familiares que están gritando con rabia, exigiendo justicia”, reflexiona Julieta.
Ese recorrido por pueblos, campos y ciudades las ha llevado a hermanarse con organizaciones de mujeres y redes feministas. Ahí se acompañan y apoyan para amplificar sus voces y atravesar juntas el duro camino de exigir justicia. “Llegamos a esos espacios como lo que somos; somos las y los familiares, somos las madres contando las historias de cada una de nuestras familiares, contando la realidad de miles de mujeres, con una historia”.
En esos encuentros, las organizaciones las acompañan a los tribunales, hacen charlas, conversatorios y talleres. Sobre el impacto de estas alianzas, Julieta afirma: “Yo me sentía sola, pero hoy día me doy cuenta que no estoy sola porque están ellas, porque están ustedes. Eso te deja una sensación de que realmente ese trabajo que estamos haciendo, que nace al calor de nuestro trabajo haciendo justicia, va saliendo, avanzando. Y va creciendo, va sumando. Como una performer vamos evolucionando en nuestro activismo, en nuestra lucha”.
En esa evolución, los objetivos de la Agrupación se ampliaron al encontrarse con nuevos desafíos. Además de visibilizar los casos, tuvieron que construir articulación en los territorios “porque cuando hay un femicidio que tiene connotación pública y sale en los medios de comunicación hay un abuso tremendo de los medios, un morbo. Por otro lado, si no sale en los medios -porque no vende, porque no tiene rating-, es un feminicidio que queda ahí, en la impunidad”, explica Julieta antes de recordar que desde que entró en vigencia la ley que reconoce el femicidio en 2010 han habido más de 700 asesinadas.
“Yo creo que las mujeres chilenas y del mundo, somos mujeres guerreras en todas sus latitudes, con parir y criar sola a tus hijos, ya eres una guerrera. Tener que llevar el sustento a la casa, tener que vivir con un violento y sobrevivir. Yo creo que no hay mujer ni de primera ni de segunda. Nosotras somos esas mujeres. No necesitamos palabras bonitas, ni dar una conferencia de prensa. Llevemos nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra pena por nuestras compañeras, pero también nuestra alegría porque todo lo hacemos con alegría. Es necesario porque Santiago no es Chile, acá está el epicentro pero si nos vamos a las provincias las familias están solas. Por eso son super importantes las organizaciones”.
Julieta Rivera, vocera de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio.
Un histórico proyecto de ley
El 15 de enero de 2021 se presentó el proyecto de ley que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. El proyecto es considerado un avance sustancial para las familias de víctimas de femicidios y para las organizaciones feministas que trabajan por una vida libre de violencia hacia las mujeres. Julieta cuenta que tanto ellas como Ni una menos Chile pudieron participar directamente en la creación del proyecto de ley, contando lo que habían vivido y comentando el articulado del proyecto.
Este 21 de noviembre se votó en la Cámara de Diputados y fue aprobado por 88 votos a favor y 27 abstenciones provenientes de todos los diputados del Partido Republicano, y algunos de la UDI, RN y Evópoli. Actualmente fue devuelto a la Comisión de Género debido a una serie de indicaciones realizadas por los parlamentarios Johannes Kaiser y Chiara Barchiesi que buscan suprimir las referencias al género contenidas en la ley.
Con todo, la abrumadora mayoría que obtuvo el proyecto mantiene esperanzada a la Agrupación. “Yo creo que esto va a ser histórico porque, aunque no en su totalidad, se va a hacer algo de justicia. Nuestras muertas, nuestros casos están en ese proyecto de ley”.
Como Nicole Saavedra y María Pavez. De sus secuestros se tipificó el artículo 2 que establece que en los casos de desaparición de mujeres, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, iniciarán todas las gestiones tendientes a su búsqueda, en el ámbito de sus competencias, dentro del plazo máximo de 24 horas de denunciada su desaparición por parte de la familia.
Como Joane Florvil, mujer y madre migrante. Se creó el Artículo 8, que otorga un derecho especial a las víctimas migrantes, declarando que ni ellas, ni sus familiares a cargo o cercanos, serán deportadas ni deportados sin importar su situación migratoria y otorgándoles sin exclusión ni condiciones todos los derechos garantizados en esta ley.
Como Doris Andaur y Ximena Cortés, asesinadas por integrantes de las policías y fuerzas armadas. Se estableció el Artículo 3, sobre el principio de imparcialidad que señala que todas las instituciones y organismos públicos y privados deberán respetar estrictamente el principio de imparcialidad en la investigación, procedimientos judiciales, y en todas las gestiones relacionadas con las víctimas de femicidio, prohibiendo el uso de recursos institucionales para la defensa de investigados e imputados.
Como Elizabeth, que su femicida se quedó con su herencia y la usó para defenderse en el juicio. De su historia viene el inciso 3 del artículo 9 que prohíbe que el femicida pueda heredar los bienes de su esposa asesinada.
Como Alda que fue despedida de su trabajo estando con licencia psiquiátrica mientras buscaba justicia para su hija Yini Sandoval y sus tres nietos. De ahí viene el Artículo 7, que consagra el derecho a la protección en el trabajo, otorgando fuero laboral, sin importar la calidad contractual que ostenten, durante toda la investigación y procedimiento y hasta un año después de la sentencia.
Como todos las niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por femicidio. Por ellos se creó el Artículo 9, que anula los derechos parentales de los femicidas respecto de sus hijos, lo que incluye patria potestad, cuidado personal, y guardas, sean o no hijas o hijos de la víctima. También por ellas y ellos se consagró el artículo 10, que otorga responsabilidad del Estado en su protección y les otorga el derecho a una atención integral en salud, la vivienda digna y adecuada; y educación gratuita y de calidad en todos sus niveles.
Este último ámbito de la protección, resulta particularmente relevante para Julieta: “Nuestros niños se quedan con las abuelas, con los familiares. Y no es fácil. Imaginate que estos niños tienen que llegar a una casa, aunque sean familiares, a compartir con otros niños, con otras costumbres. A lo mejor esos eran chiquititos, o eran mañosos o eran regalones o se acostaban tarde, y todas sus costumbres tienen que abandonarlas, sus casas, muchas veces sus cosas. Y para las familias también es difícil económicamente. No se incluyó en este proyecto de ley -porque todo lo que tiene que ver con presupuesto asusta a los parlamentarios- pero ahora se está pidiendo que haya una pensión para esos niños, para que apoye a los familiares que se hacen cargo hasta que sean mayores de edad o hayan terminado de estudiar”, asegura.
Este 25 de noviembre la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidios no irá a la marcha en el centro de Santiago. Días antes viajaron a los territorios para conmemorar la fecha donde más hace falta.
